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COMUNICADO DE PRENSA

El pasado 6 de agosto se discutió, en el Senado Bonaerense, un proyecto de ley – impulsado por «Juntos por el Cambio» – que pretende implementar una ayuda económica extraordinaria a las escuelas de gestión privada.
Dicho proyecto no llegó a SADOP sino recién luego que expresáramos nuestra preocupación porque se estuviera hablando de puestos de trabajo y no se tomara en cuenta la visión de los trabajadores y las trabajadoras docentes.

Sobre el tema, es bueno aclarar que el SADOP mantiene audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y con las Cámaras Empleadoras del sector desde el comienzo mismo de la pandemia.

Las primeras audiencias fueron por los atrasos en el pago de salarios, problemática que aún persiste pero – hay que decirlo – disminuyó notablemente a partir de la percepción de los ATP.
Según el relevamiento que hicimos a través de nuestros afiliadas y afiliados, más del 50% de las escuelas de gestión privada reconocidas habían accedido a la ayuda del Gobierno Nacional, que se vuelca directamente a las cuentas bancarias de las y los docentes. Esto implica cerca de 3.000 escuelas y 55.000 docentes.

En esas audiencias, hicimos especial hincapié en que el mayor logro es el mantenimiento de las fuentes de trabajo, ya que son las docentes y los docentes quienes han soportado en mayor parte esta carga, cobrando su salario en cuotas, en forma atrasada y – como decíamos más arriba – aún hoy no han terminado de cobrar salarios.

Pero, volviendo al tema del proyecto de ley, debemos decir que el SADOP – tanto cuando nos reunimos con los impulsores del proyecto como también cuando fuimos convocados por el bloque del Frente de Todos para hacer nuestros aportes en la Comisión de Educación del Senado Provincial – hicimos una serie de propuestas de modificación, entre las cuales podemos destacar:
-Que se manifestara de dónde saldrían los recursos.
-Que para acceder a los beneficios las escuelas presentaran un “libre deuda” de los aportes al IPS, Obra Social y Sindicato, previos a la pandemia. Que si hubiera una ayuda extra ésta fuera depositada en una cuenta bancaria del trabajador o trabajadora docente.
-Que se reconociera, por parte de los empleadores privados, y a futuro, una suma en concepto de compensación por los gastos de internet, luz, material, etc. que el trabajo a distancia había provocado en los trabajadores y las trabajadoras.
-Que manifestaran cómo se vería reflejada esta ayuda a las escuelas, en las cuotas de los padres y madres de la comunidad educativa.
-Que se tuviera en cuenta la historia laboral de la Institución: conflictos salariales, despidos, etc.

Nada de esto fue receptado por parte de la bancada de Juntos por el Cambio. No fuimos tenidos en cuenta. Pero esto – también es justo decirlo – es parte de lo que nuestros docentes y nuestras docentes han vivido hasta diciembre del 2019.


Ese año, precisamente, el presupuesto educativo fue – porcentualmente hablando – el más bajo de los últimos 25 años. De cada $100 que la Provincia estimaba gastar, sólo destinó $23,94 a Educación.
Nunca antes, desde el año 1994, se había ajustado tanto al sistema educativo. Y es la cuarta menor participación desde el retorno de la Democracia.

Esta política aplicada desde el año 2015 por supuesto se vio reflejada en una pérdida salarial, año tras año, reforzada por una inflación que fue subestimada y que carcomió rápidamente el poder adquisitivo del salario docente.


Sumado a ello, el gobierno de Juntos por el Cambio procedió a implementar “bonos antiparo” y “presentismos”y, como contrapartida, quienes reclamaron a través de medidas de fuerza fueron duramente sancionados con descuentos salvajes, desproporcionados y absolutamente atentatorios contra el concepto de carácter alimentario del salario.

Los mismos que ajustaban el presupuesto educativo, ajustaban el salario de las familias docentes son la misma fuerza política que hoy pretende mostrar preocupación por quienes – hasta hace unos pocos meses – perseguían y sancionaban.

Estas políticas oportunistas y demagógicas siguen atentando contra el trabajo digno de las y los docentes de escuelas de gestión privada que no tenemos ninguna duda que va de la mano con la lucha de nuestros hermanos y hermanas estatales.

El sector empleador también tiene que estar dispuesto a colaborar. Hoy, muchos afirman 70% de mora en las cuotas de las familias. Pero, más allá de la imposibilidad fáctica de la comprobación de esos datos, muchas de esas escuelas están subvencionadas y han recibido aportes del ATP y sin embargo siguen incurriendo en incumplimientos salariales.
Se le pide comprensión a las y los docentes cuando hace unos meses atrás descontaban los días de huelga, salvajemente, sin entender ellos la realidad que pasan las familias de nuestros y nuestras docentes.

Creemos que hay que dar una respuesta coyuntural al sector, pero también pensar en soluciones de fondo a futuro. La irresponsabilidad de muchos empresarios del sector educativo ha aportado, en muchos casos, a esta situación de crisis fuertemente marcada en el nivel inicial y, más específicamente, en los jardines maternales, donde proliferan una gran cantidad de instituciones que están por fuera del sistema formal, con trabajadoras y trabajadores en situación precaria, edificios no aptos para la tarea educativa y sin control del Estado.

Por ello hemos propuesto – hace 20 días – la creación de un Comité de Crisis del sector, donde podamos sentarnos las y los trabajadores, los empleadores y el Estado a discutir la situación por la que estamos atravesando y que podamos hablar sinceramente, cara a cara, sobre el presente y el futuro de las escuelas del sector de gestión privada.

Aún no hemos tenido respuesta, por eso instamos al gobierno provincial a la conformación de este Comité de Crisis, donde los trabajadores y las trabajadoras podemos aportar a la solución, donde los empleadores deben asumir un compromiso férreo en defensa de las fuentes laborales y donde el Estado ponga a disposición de todos y todas las herramientas con las que cuentan para ayudar a aquellas instituciones educativas formales que realmente están pasando por momentos de dificultad. (Recientemente el Ministerio de Trabajo de la Provincia nos informó de la implementación del programa “Preservar Trabajo”).

Todo esto tiene que tener como único objetivo llegar a soluciones realistas, concretas y no demagógicas por parte de quienes quieren sacar una tajada política de una situación que angustia a los y las docentes de escuelas de gestión privada. Y por supuesto a las familias que confían en ellos.

No queremos perder ni un solo puesto de trabajo más. Cada trabajadora despedida o trabajador despedido es una familia que entra en la zozobra de la desocupación.
Necesitamos responsabilidad social de nuestros empleadores y empleadoras, pero también del gobierno y, por sobre todas las cosas, de una oposición responsable que tiene que pensar en el bienestar de todos y todas las y los bonaerenses, por encima de sus apetencias políticas.

En este camino nos van a encontrar. Siempre. Defendiendo a las y los docentes, trabajadores y trabajadoras del sector de Educación Pública de gestión privada.

SECRETARIADO de SADOP BUENOS AIRES

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