No hay ningún tipo de dudas que estamos viviendo tiempos excepcionales.  

La pandemia de COVID-19 (Nuevo Coronavirus) ha cambiado la forma de vida de toda la humanidad, y en Argentina no somos – obviamente – la excepción. 
Tanto el Gobierno Nacional, como los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han tomado rápidamente medidas tendientes a frenar el contagio masivo, la principal es el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que surgió como recomendación y se convirtió en obligación a través del de DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.  

La prohibición de circular – salvo para los servicios esenciales – implicó entre otras cosas la suspensión de la actividad escolar en todo el país. En la provincia de Buenos Aires esta medida entró en vigencia a partir del lunes 16 de marzo. 
Para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas el gobierno bonaerense estableció el Plan de Continuidad Pedagógica, a fin de que las y los estudiantes puedan seguir con el proceso educativo desde sus hogares.
Para ello se implementaron una serie de acciones destinadas a facilitar la tarea de las y los docentes. 

Pero en tiempos donde la solidaridad debe ser el pilar fundamental de la sociedad, las y los trabajadores de las escuelas de gestión privada comienzan a vivir tiempos de zozobra, de presiones, de malos tratos y de incertidumbres laborales. 
La nueva metodología propuesta por el gobierno, el trabajo a distancia, implica una continuidad pedagógica con requerimientos específicos y, para garantizar esa continuidad, el Estado Nacional y el Estado Provincial comenzaron a brindar a las y los docentes algunas herramientas como plataformas educativas sin consumo de datos móviles, cuadernillos pedagógicos, programas educativos que se transmiten por la Televisión Pública, las Radios Públicas y las Radios Comunitarias,  aulas virtuales a disposición de las y los docentes, etc.

En el sector de la Educación de gestión privada, sin querer generalizar, hemos encontrado una transferencia de las responsabilidades que recaen exclusivamente en las y los docentes, quienes tienen que ingeniárselas para lograr llegar a sus estudiantes.
Son pocas las escuelas – hay que decir que existen – que han generado Campos Virtuales o plataformas digitales donde las y los trabajadores puedan desarrollar sus tareas.
Muy por el contrario, se ha recurrido en casi la totalidad de los casos a elementos personales de las y los docentes, como su teléfono o computadora, en caso de que dispongan de ella.
Esto, entre otras situaciones, ha llevado a que información privada, como es el número de teléfono, haya sido puesto a disposición de la comunidad entera. Ni hablar del consumo extra de datos móviles que este nuevo trabajo implica, que de ninguna manera está siendo absorbido por las instituciones empleadoras, o de la rotura de la PC, tablet o teléfono, cuyas reparaciones son absorbidas por el magro salario docente.

Párrafo aparte merecen las y los docentes de Informática o de Nuevas Tecnologías, docentes que en muchos casos son considerados “EXTRAPROGRAMÁTICOS” y cobran un salario menor, produciéndose una clara discriminación respecto a sus colegas, y que en estos tiempos han sido la rueda de auxilio de muchas escuelas que no estaban preparadas tecnológicamente para estos tiempos.
Más que nunca creemos que es momento de parar con esta desigualdad y, de una vez por todas, los salarios de estas y estos docentes sean equiparados con los salarios de docentes que dictan materias curriculares, ya que cumplen la misma tarea, con la misma responsabilidad, y en épocas como éstas, asumen aún muchas más actividades de las que su relación laboral les exige.

Paralelamente a todo esto también ha cambiado, y en forma preocupante, la concepción sobre la disponibilidad horaria de las y los trabajadores de la Educación. Es habitual observar en directivos, pero sobre todo en representantes legales, que habilitan las consultas de las familias “a cualquier hora”, es decir que las y los docentes no solo deben estar disponibles durante la carga horaria que les corresponde, sino que también lo deben hacer a toda hora. 

Las y los docentes, no solo deben lidiar con las tareas propias del cuidado de su familia, sino que además tienen que asumir sus responsabilidades  estrictamente laborales extendidas ahora a cualquier horario.
Por supuesto que esto está repercutiendo negativamente en la salud de las y los docentes del sector.
En este sentido, desde la Conducción Nacional del SADOP se ha impulsado una encuesta para las y los trabajadores del sector de todo el país, que busca obtener datos sobre esta realidad y actuar en consecuencia, acompañando en ésta situación.

Nos preocupa también la situación de las y los docentes que están cumpliendo con suplencias, o quienes tienen que renovar licencias por enfermedad.  Lamentamos que los inescrupulosos de siempre pretendan ahorrar un salario dejando sin tareas a docentes suplentes, o negando la reincorporación a docentes titulares, o solicitando documentación imposible de obtener en esta situación.
La legislación laboral no ha cambiado, ni se encuentra suspendida – muy por el contrario – en estos tiempos se generaron normativas de mayor protección a las y los trabajadores, y no hay lugar para las especulaciones.
Es responsabilidad de los empleadores cuidar las fuentes de trabajo y la calidad del mismo.

Pero, si como esta situación no fuera suficientemente preocupante, se suma una problemática específica del sector: el no cobro del salario o el cobro parcial. En especial, en algunos niveles como el inicial, con niveles preocupantes de amenazas de pérdida de las fuentes de trabajo.

El día 7 de abril venció el plazo legal para el cobro de los salarios del mes de marzo, lamentablemente a medida que pasaron las horas, más y más escuelas de gestión privada de la Provincia de Buenos Aires informaban a sus docentes que no iban a cobrar o que iban a cobrar parcialmente, ya sea un porcentaje del salario o sin el aumento obtenido en el acuerdo paritario. 

Nuevamente el hilo se corta por lo más delgado, las y los trabajadores.
Si bien es cierto que hay un atraso en el pago de las cuotas por parte de las familias, durante los primeros 15 días de marzo hubo actividad normalmente, con lo cual se entiende que el ingreso por cuotas debió ser casi el habitual recordando que la gran mayoría de las cuotas vencen el día 10 de cada mes. Independientemente de ello, desde el gremio insistimos en que el pago del salario de las y los trabajadores en nada debe depender del pago de las cuotas por parte de las familias, ni mucho menos por el aporte estatal en aquellas escuelas que lo reciben, el cual no las exime de su relación exclusiva de empleo privado con las y los docentes.

Como sostenemos que la Educación no puede tener fines de lucro, cada una de estas instituciones educativas de gestión privada deberían prever un fondo para contingencias que permita el abono del salario, independientemente de cualquier situación. Así como en tiempos de bonanza las y los docentes no reciben ningún suplemento de participación en las ganancias, tampoco pueden ser socios en estos tiempos “de crisis”. 

Pero no solo esto, sino que muchas de las escuelas que hoy le piden “comprensión” a sus docentes son las mismas que durante los últimos años se mantuvieron ajenas a la problemática salarial y descontaron salvajemente cuando hubo acciones gremiales.
En ese momento poco les importó la situación de la familia de cada docente, ni entendieron el carácter alimentario del salario.
Descontaron sumas más que importantes de los magros sueldos.
Aun cuando el Estado procedió a devolverlo a las y los colegas estatales, las cámaras empleadoras se negaron a hacerlo. Pero hoy piden comprensión. 

Y sin embargo nuestros compañeros y nuestras compañeras siguen poniendo el hombro, con más carga laboral, con más presión patronal, con la incertidumbre de la realidad sanitaria, y aún con los atrasos salariales. 

Pero entendemos claramente que esta situación no se puede sostener en el tiempo.
Exigimos responsabilidad en quienes conducen las escuelas, que entiendan que la Educación no es un negocio, que son parte del sistema público de Educación, y que las y los trabajadores de escuelas de gestión privada tienen los mismos derechos que las y los trabajadores del sector estatal. 

Queremos alertar sobre esta situación, porque es preocupante mirando al futuro inmediato. Y a la vez resaltar, destacar y reconocer el tremendo esfuerzo que hacen las y los docentes del sistema público en general, y en especial las y los del sector privado, que aún contra todas las dificultades que vienen enfrentando siguen llevando adelante su labor.
Los empleadores privados y las cámaras empresariales que los aglutinan deben estar a la altura de las circunstancias.

Y a las y los trabajadores docentes de escuelas públicas de gestión privada les queremos recordar que el SADOP estuvo y estará peleando por los derechos del sector, y con más fuerza aún en estos tiempos donde la solidaridad es la premisa, y donde no debemos dar lugar a la oportunidad para la especulación ni el egoísmo, ni el individualismo.

Consejo Directivo Provincial
SADOP Seccional Buenos Aires