Cada día, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes son víctimas de este crimen en algún lugar del mundo.
La trata de personas ha sido definida como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, en el artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata, especialmente mujeres y niños, de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional.
La trata de personas es un delito y una grave violación a los derechos humanos y requiere ser abordo como prioridad en distintas organizaciones internacionales de los DD.HH. El carácter de delito transnacional obliga a una acción articulada y de colaboración estrecha entre los Estados para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos en materia de movilidad humana y para la erradicación, prevención y asistencia de víctimas de trata, a partir de cooperación técnica, investigación, capacitación y apoyo en la coordinación de políticas regionales de los derechos humanos.
Este año el Día Internacional contra la Trata de Personas, tiene lugar en un contexto de crisis provocado por la pandemia del COVID-19 que ha incrementado las desigualdades y ha profundizado la situación de vulnerabilidad de distintos grupos sociales exponiéndolos a un mayor riesgo de ser objeto del delito de trata de personas. En este marco, se hace necesario promover políticas y medidas de respuesta ante la situación actual de pandemia de COVID-19 que presten especial atención a los sectores de mayor vulnerabilidad, e incorporen las perspectivas de género, y la diversidad lingüística e intercultural, y los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, a fin de promover y proteger la dignidad y los derechos
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